Por Alfredo Varela

En el Departamento del Atlántico desde el 2019 se cobra una Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana con el objetivo de fortalecer las finanzas del Departamento y garantizar la seguridad. Esta tasa, que financia el fondo-cuenta territorial de seguridad, es pagada por los usuarios a través del recibo de servicio de energía eléctrica, impactando directamente en el costo de este y representando un aumento en el valor del recibo que debemos pagar mes a mes los atlanticenses. 

Es importante mencionar que en 2022, la Corte Constitucional a través de un fallo puso en duda la legalidad del cobro de la Tasa de Seguridad y Convivencia, sin embargo, sin razón alguna esta tasa aún se sigue cobrando. 

Por otro lado, en el Departamento del Atlántico se determinó que la empresa prestadora del servicio de energía sería la encargada de recaudar esta tasa, y además, podría cobrar hasta un 3% del monto total por concepto de recaudo. 

Actualmente, a pesar de que la empresa Air-E ofrece un servicio de energía con costos injustificados, como las pérdidas no técnicas en su operación que son transferidas a los usuarios, y recibe continuas quejas por parte de la ciudadanía, obtiene una comisión multimillonaria únicamente por el cobro de la mencionada tasa. 

Entre 2021 y 2023, Air-e se quedó con más de 11 mil millones de pesos producto de dicha comisión que en últimas sale del bolsillo de todos los atlanticenses, lo que a su vez equivale a más de 3600 millones anuales. Esta comisión es injustificadamente alta y resulta absurda, ya que estos recursos deberían ser utilizados para fortalecer la seguridad en el departamento. 

En lugar de cumplir con este propósito, una parte considerable del dinero que pagamos los atlanticenses por nuestra seguridad se desvía hacia las ganancias de una empresa, en vez de invertirse en medidas efectivas que realmente nos beneficien a todos. 

Imaginemos por un momento qué podríamos lograr si esos recursos millonarios estuvieran verdaderamente dedicados a nuestra seguridad. Con más de 3 mil millones de pesos anuales, podríamos adquirir más de 150 cámaras de reconocimiento facial de última generación, mejorar la eficiencia policial mediante el pago de la nómina de 110 nuevos patrulleros e incluso emplear estos recursos como vigencias futuras para la construcción de nuevas cárceles que garanticen un sistema penitenciario más seguro y eficaz. 

Vale la pena preguntarse: ¿Cuánto porcentaje de su nómina pagará Air-E solo por poner en su recibo de energía el cobro de una tasa que, en teoría, debería ayudar a avanzar por un Atlántico más seguro?.

Esta comisión debe ser rectificada; el pago de nuestros tributos no puede estar sujeto al cobro de comisiones por entidades privadas, y mucho menos premiar la ineficiencia de compañías como AIR-E solo por el recaudo de estos. 

Es el momento de dirigir los recursos destinados a nuestra seguridad de manera eficaz, en lugar de permitir que se desvíen hacia áreas no relacionadas con la protección de la ciudadanía. Los habitantes del Atlántico merecemos no solo un recibo de luz más económico, sino también un entorno seguro que contribuya al desarrollo social y económico de nuestro departamento.